El Consejo Europeo, donde están representados los líderes de la Unión Europea, ha instado este jueves a la Comisión Europea —el órgano ejecutivo de la Unión— a que presente «sin demora un plan ambicioso y global en materia de vivienda asequible», aunque matizando que este debe servir para «apoyar y complementar» los esfuerzos de los gobiernos nacionales, que tienen buena parte de las competencias.
En la última década, el coste de la vivienda —tanto para la compra como para el alquiler— no ha dejado de subir, haciendo cada vez más difícil para los europeos permitirse una casa. Según cifras del Parlamento Europeo, el precio de la vivienda subió un 53% de media desde 2015; el alquiler, un 27,8 %. «Accesibilidad y asequibilidad son dos asuntos urgentes para millones de ciudadanos europeos», ha dicho el presidente Antonio Costa.
«La vivienda es y seguirá siendo una competencia nacional», ha matizado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, la alemana ha reconocido que algunas cuestiones podrían beneficiarse de un enfoque europeo coordinado. Von der Leyen ha anunciado que convocará una cumbre de vivienda en 2026, sin entrar en detalles sobre en qué consistirá.
Un mensaje políticoEn este contexto, es la primera vez que el Consejo Europeo debate la crisis de la vivienda. El debate es más un mensaje político que una declaración de intenciones. Las competencias europeas en materia de vivienda son limitadas; el rol del Consejo es poco más que dar respaldo político al tema y la Comisión Europea ya trabaja en una agenda para promover el acceso a una vivienda accesible.
“Es un asunto importante para muchos países europeos”, reconocía una alta fuente comunitaria antes de la reunión, asegurando que la cuestión era una prioridad para el presidente Antonio Costa. El objetivo era tener una profunda discusión política sobre la cuestión y analizar cómo puede apoyar el bloque el trabajo que ya hacen gobiernos nacionales, regionales y locales.
Pero no es solo un problema de competencias sino también de análisis. La crisis de la vivienda es un problema en una amplia mayoría de países. El impacto social, político y económico es innegable. Aunque solo una minoría de países ha cuestionado que el debate llegue al más alto nivel comunitario, el contexto y el diagnóstico varían a través de los veintisiete estados miembros.
Competencias nacionales “Es un asunto donde la mayoría de las competencias recaen en los gobiernos nacionales”, reconocían las mismas fuentes. De hecho, desde el Consejo rebajan las expectativas. El debate es un mensaje político a la ciudadanía, pero los líderes quieren evitar generar falsas expectativas. Los servicios académicos del Consejo han publicado un informe de cara a la cumbre que analiza la situación. El informe concluye que aunque el acceso a la vivienda es una preocupación para una gran mayoría de europeos, las causas varían sustancialmente de un país a otro. Y así, varían también las respuestas.
El propio informe rebaja las expectativas de una solución europea. “En el contexto del debate actual a nivel de la UE, es fundamental reconocer que muchas de las posibles soluciones son competencia de los Estados miembros”, reza el informe. El texto subraya la importancia de tener en cuenta “tanto la variedad de causas subyacentes como la diversidad de los sistemas de vivienda” en los distintos países. El informe subraya que esto hace difícil encontrar políticas que funcionen para todos los países.
Un comisario y una estrategiaA pesar de que las competencias son limitadas, la UE busca tener un papel más activo en la cuestión, consciente de la preocupación de los ciudadanos. Por primera vez, la Comisión Europea cuenta con un comisario de Vivienda, Dan Jorgensen, y el Parlamento Europeo ha creado una comisión especial con el objetivo también de abordar la cuestión.
En marzo de este año, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones anunciaron un plan que aspira a dedicar 10.000 millones de euros a inversiones en viviendas asequibles. La Eurocámara, por su parte, respaldó una reforma de la política de cohesión que dará más margen a los gobiernos europeos para dedicar fondos comunitarios al mismo objetivo.
En paralelo, varios países, entre los que se encuentra España, han pedido flexibilizar las normas de competencia para poder dedicar más ayudas de Estado y poder dedicar más dinero público a esta cuestión. Mientras que algunas voces llaman incluso a suspender las normas fiscales para aumentar el gasto en vivienda, como ocurre ya con el gasto militar.
En paralelo, Bruselas trabaja en una estrategia para garantizar el acceso a una vivienda asequible. En esa estrategia, explorará qué medidas puede tomar la UE para contribuir a amortiguar el impacto de la crisis, desde posibles vías de financiación hasta regulación. En el programa político del Ejecutivo para 2026, también habrá una iniciativa específica sobre los alquileres de corta duración que el propio Jorgensen reconoció que son un problema real. Y atajarlo, una forma de acercarse a la solución de la crisis de la vivienda.
Al término de la reunión, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez subrayó que la Unión “no puede” permitir la “emergencia habitacional” que se vive en Europa. “Hay que tomar medias ante un mercado que claramente no funcional y está imposibilitando proyectos de vida” de ciudadanos europeos, informa May Mariño.
Y dio las gracias a alcaldes de ciudades europeas como el caso de Barcelona, Jaume Collboni, por el impulso que han dado a estas medidas para que el derecho a la vivienda sea una realidad y “no un privilegio”.
En su comparecencia repasó las medidas que planteó al resto de mandatarios que pasa por la articulación de medidas legales desde Europa para poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial; palancas a nivel europeo para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las grandes ciudades en las que está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo; y la habilitación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo.
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