La mayoría del Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley trans, que reconoce la autoderminación de género y desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI, al que se han opuesto PP, Vox y Ciudadanos.
Con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones, la futura ley llega así a la recta final de su tramitación parlamentaria, después de unas negociaciones complicadas, primero en el seno del Gobierno, y posteriormente en la Cámara Baja, donde Unidas Podemos y PSOE mostraron sus diferencias en varios aspectos del texto. La presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada socialista Carmen Calvo se ha abstenido en esta votación, si bien el resto de diputados del PSOE ha apoyado la ley.
Las discrepancias también se dieron en el seno del PSOE, de hecho fue el motivo de que la exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli abandonara el partido en señal de protesta cuando el grupo socialista pidió ampliar en varias ocasiones el periodo de presentación de enmiendas, con lo que se retrasó la tramitación del texto.
Será el Senado el que reciba ahora el proyecto de ley, que cuenta con el rechazo de parte del movimiento feminista porque teme que se traduzca «en un borrado de las mujeres», pero con el visto bueno de organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales y más (Felgtbi+).
En el debate del dictamen del proyecto de ley, que tuvo lugar este miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, celebró que el Congreso «cierre armarios» y «abra puertas y ventanas» con una ley que conseguirá asegurar «vidas libres» a las personas trans y LGTBI.
El texto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro y en el caso de los menores de 16 años y mayores de 14 tendrán que asistir con sus padres o tutores. Solo será necesaria la intervención de un juez para el cambio registral cuando tengan menos de 14 años y más de 12. Los menores de doce no podrán cambiar de sexo en el registro, pero sí su nombre en el DNI.
Prohíbe las terapias de conversión, garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida y reconoce la filiación de hijos de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que estén casadas. Y, entre otras cosas, contempla una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans con medidas de acción positiva para este colectivo en diversos ámbitos como el laboral, el educativo o de vivienda.
Desde la izquierda no ha habido fisuras en el apoyo a la norma, aunque formaciones como ERC y EH-Bildu han lamentado que no se haya dado el paso de reconocer los derechos de las personas no binarias o de ampliar los de los migrantes.
