La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo a las grandes compañías del sector del gas natural para analizar si se está entorpeciendo el trasvase masivo de clientes a las tarifas reguladas del gas que se está produciendo ya por el nuevo paquete millonario de ayudas puesto en marcha por el Gobierno.
El organismo está solicitando información a todas las grandes compañías obligadas a comercializar las tarifas reguladas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) sobre los medios de plantilla y técnicos que están empleando para atender el alud de solicitudes de cambio de tarifa que se está registrando en las últimas semanas, tras las quejas de muchos consumidores por los tiempos de espera y por las dificultades para conseguir la contratación.
Según El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el expediente informativo es el primer paso en los procesos de supervisión que puede llevar a cabo la CNMC en los sectores regulados que en muchos caos funciona como aviso a navegantes para que las empresas corrijan sus actuaciones y, en este caso, reforzar sus servicios de atención al cliente. En función de la información recabada, el organismo puede determinar la apertura de expedientes sancionadores a compañías concretas que suponen una investigación formal y pueden derivar en sanciones concretas.
La apertura de la investigación la ha desvelado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en una entrevista con RNE y la confirman fuentes oficiales de Competencia. La propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, apuntó la pasada semana que no se estaban registrando grandes cuellos de botella en la tramitación de las solicitudes de cambio de contrato y confirmó haber “verificado que los comercializadores de ultimo recurso atienden las peticiones para tratar con agilidad la contratación de la tarifa regulada del gas». Unos días después se confirma la apertura de un expediente informativo sobre este mismo asunto.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se está trabajando tanto con las compañías energéticas como con CNMC para dimensionar adecuadamente los medios dedicados a atender a la “avalancha de solicitudes” de clientes que piden cambiar de tarifa, según ha apuntado la secretaria de Estado.
El Gobierno ha puesto en marcha un paquete millonario de medidas para bajar la factura de gas de más de tres millones de hogares. Un escudo anticrisis de 3.000 millones de euros que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa que rebajará a la mitad la factura de 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en su comunidad de vecinos.
Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas de gas natural (denominada tarifa de último recurso, TUR), han venido registrando en los últimos días un alud de consultas por parte de clientes sobre su salto al negocio regulado y dan por hecho un cambio de tendencia hacia una contratación multitudinaria de tarifas reguladas tras años con una cartera de clientes menguante que iban a parar a las tarifas del mercado libre.
El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-. Con los datos de cierre del año pasado, casi 6,5 millones de clientes tenían contratadas tarifas libres (más del 80% del total) y 1,5 millones seguían con tarifas reguladas.
El Ejecutivo garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que las nuevas medidas de ayuda provocarán en las cuentas del sistema gasista español, y que puede dispararse por esa fuga masiva de clientes hacia las tarifas reguladas. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023.
