Interior ha comenzado la devolución a Marruecos del grupo de 39 saharauis que, retenidos en el Área de Asilo de la Terminal 1 del aeropuerto madrileño de Barajas, esperaban obtener protección internacional en España. Se ha llevado a cabo ya un vuelo -informan fuentes policiales no oficiales-, en la noche de este jueves y está programado otro para este fin de semana. El número de personas devueltas asciende hasta el momento a 16.
Los traslados se han conocido el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado los tratados pesqueros entre los 27 y Marruecos, al estimar que el Sahara Occidental no prestó su consentimiento y que vulneraron sus principios de autodeterminación. También cuando acaba de anunciarse el acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la ley mordaza y restringir las devoluciones en caliente.
Los primeros deportados salieron diez minutos antes de la pasada medianoche en un vuelo regular con destino Marrakech. Las fuentes consultadas aseguran que entre los deportados están parte de los 11 que el pasado 30 de septiembre se negaron a volar en un viaje nocturno de vuelta a Marrakech en el que los embarcaba la Policía, provocando que el comandante del avión finalmente decidiera no aceptarlos en el pasaje por motivos de seguridad.
Otros diez saharauis que aún alberga la llamada «sala de inadmitidos» de Barajas están pendientes de otro vuelo de devolución, también en línea regular y previsto para el próximo domingo. La huelga de hambre y una campaña de protesta pública emprendida estos días no les ha servido a los integrantes de este colectivo ni a los abogados, algunos de oficio y otros de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que han intentado parar las salidas.
Pasaportes marroquísInterior no confirma ni desmiente las expulsiones de estas personas: portavoces del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se limitan a ratificar que en este proceso «cada caso se evalúa individualmente antes de adoptar una resolución definitiva, que se atiene siempre a los criterios y requisitos establecidos en las legislaciones nacional e internacional en materia de protección internacional».
Las autoridades de Interior no hablan de deportaciones, sino de devoluciones, y no de saharahuis, sino de «personas en posesión de pasaporte marroquí». «No reunían las condiciones para su estancia en España bajo la figura de la protección internacional», explica una de las fuentes policiales consultadas. Al menos la mitad de los que buscaban refugio en España habían referido ser objeto de persecución policial por Marruecos.
El Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, en conexión con la delegación de la ONU para el Sáhara Occidental, respaldaba en estos casos ante España sus solicitudes para que pudieran formalizar en suelo español un reconocimiento de su condición de apátridas, pero llevar a cabo ese trámite habría supuesto su entrada y permanencia durante un periodo largo en España, a la que se ha negado del Gobierno.
Vidas en peligroPodemos ha exigido este viernes la paralización de las deportaciones que todavía no se han efectuado, al considerar que «vulneran el derecho internacional y ponen en peligro la vida de los activistas». Fuentes de la formación acusan al PSOE de «complicidad con la dictadura marroquí», después del giro que dio Pedro Sánchez en torno al Sáhara, cuando pasó de la histórica posición de España de pedir su autodeterminación a admitir la soberanía de Marruecos. Una tesis que ha enfriado este viernes el TJUE, que valora el derecho a la autodeterminación saharaui en su sentencia sobre el acuerdo pesquero de la UE.
Desde Podemos critican que «las políticas migratorias de Sánchez son indistinguibles de las que aplicaría un Gobierno del PP» y denuncian que «distintos cargos socialistas están maniobrando» para que la devolución de migrantes «se produzca sin testigos». Argumentan desde Podemos que pidieron amaro a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras serles denegado el acceso a la zona del aeropuerto donde se encontraban los sahararuis retenidos, y que después de su petición, la diputada socialista María Carmen Castilla, la presidenta de la Comisión de Interior, les planteó «organizar una visita la próxima semana», algo a lo que el partido se opuso, pidiendo adelantar la cita. «Petición que no obtuvo respuesta», denuncian desde la formación.
«Dado que las deportaciones ya han comenzado», señalan, Podemos acusa a al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a Armengol y a Castilla de haber «maniobrado para impedir el acceso de los diputados a la sala de inadmitidos de Barajas, con el fin de que estas deportaciones se produzcan en la más absoluta impunidad».
Estas acusaciones forman parte de la hoja de ruta que ha trazado Podemos para volver a emerger como una alternativa al PSOE y recuperar el terreno perdido tras la ruptura con Sumar. La oposición constante al Gobierno y la búsqueda del cuerpo a cuerpo con los socialistas están siendo sus herramientas para tratar de diferenciarse del partido de Pedro Sánchez, algo en lo que Yolanda Díaz está encontrando más dificultades.
