El líder separatista catalán prófugo Carles Puigdemont ha dicho que regresará a España el jueves, arriesgándose a ser arrestado en una medida que podría desestabilizar la coalición gobernante del país.
Puigdemont, que ha estado viviendo en exilio autoimpuesto en Bélgica durante siete años después de organizar un referéndum ilegal de independencia en Cataluña, ha dicho que estará presente en el parlamento catalán en Barcelona el jueves cuando se juramente al nuevo líder de la región.
En un mensaje de vídeo publicado el miércoles, dijo que «en condiciones democráticas normales, que un diputado como yo anunciara su intención de asistir a esa sesión sería innecesario, sería irrelevante. Pero las nuestras no son condiciones democráticas normales».
“Hay dos miembros, el ex conseller Lluís Puig y yo mismo, que no podemos asistir libremente. Es un reto que hay que afrontar y afrontar”.
En mayo, el parlamento español aprobó una ley de amnistía que el presidente socialista del país, Pedro Sánchez, ofreció a los separatistas catalanes a cambio de ayudarlo a volver al poder. La ley se aplica a unas 400 personas que participaron en un referéndum simbólico sobre la independencia en noviembre de 2014 y en la consulta unilateral ilegal que tuvo lugar tres años después.
Pero en julio, el Tribunal Supremo de España confirmó las órdenes de arresto contra Puigdemont y otros acusados de mal uso de fondos públicos, dictaminando que la ley de amnistía no se aplicaba a ellos.
“Que pueda asistir a la [Catalan] “El Parlament debería ser normal”, dijo Puigdemont en su mensaje de vídeo. “Que al hacerlo se arriesgue a una detención que sería arbitraria e ilegal es una evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas”.
Según se informa, la policía ha recibido la misión de garantizar que Puigdemont no entre en el Parlamento catalán, limitando el acceso a la zona, realizando inspecciones habitación por habitación e incluso registrando las alcantarillas.
Agentes de la policía catalana abandonan el Parlamento catalán tras una reunión para tratar el regreso de Carles Puigdemont. Fotografía: Josep Lago/AFP/Getty Images“Se trata de procedimientos de seguridad estándar que se llevan a cabo antes de cualquier ceremonia de investidura”, dijo a Politico un portavoz de la fuerza catalana, los Mossos d’Esquadra.
En las recientes elecciones regionales catalanas, los socialistas obtuvieron la mayoría de escaños pero no lograron una mayoría absoluta.
El partido independentista moderado Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), rival de larga data del partido Junts per Catalunya de Puigdemont, llegó a un acuerdo para que el exministro de Sanidad socialista Salvador Illa preste juramento como presidente regional. Illa liderará el primer gobierno catalán no nacionalista en más de 20 años, una señal del debilitamiento del movimiento independentista desde su apogeo en 2017.
Puigdemont ha asegurado que es su deber como expresidente en el exilio acudir a la investidura y ha reclamado en una carta abierta que, si es detenido, ERC deberá asumir parte de la responsabilidad. Los republicanos han replicado que será el sistema judicial, no ellos, el responsable de su detención.
Sus aliados han argumentado que el viaje a España es una necesidad.
“Puigdemont vuelve a Cataluña tras siete años de exilio. Y lo hace por el mismo motivo por el que se fue: para demostrar que el Estado de derecho en España ha fracasado en lo que respecta al independentismo y a Cataluña”, afirmó Aleix Sarri, secretario de Asuntos Internacionales de Junts y ex asesor de Puigdemont.
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“Encarcelarlo a pesar de la ley de amnistía significaría que el movimiento independentista catalán sería tratado por la justicia española como un enemigo interno al que hay que reprimir. Si ni siquiera un pacto para una ley de amnistía se puede cumplir, nada se cumplirá, y su detención y encarcelamiento haría que la defensa de la independencia fuera más evidente que nunca”.
La gente asiste a una protesta contra el proyecto de ley de amnistía en la plaza Puerta del Sol de Madrid en noviembre de 2023. Photograph: Óscar del Pozo/AFP/Getty ImagesPero muchos ven la acción de Puigdemont como un último intento del líder separatista, que hasta ahora ha mostrado poco apetito por el martirio, ya que la mayoría del movimiento independentista ha concluido que su política de el choque de trenes o el enfrentamiento con el gobierno español está en un callejón sin salida.
El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que aunque la investidura se retrase, seguirá adelante.
La llegada de Puigdemont y su posible detención podrían suponer un dolor de cabeza para el Gobierno de Sánchez. El conservador Partido Popular (PP) quedó primero en las elecciones generales anticipadas del año pasado, pero no logró el apoyo suficiente para formar un nuevo gobierno.
Eso permitió al partido socialista de Sánchez intentar sumar votos, algo que sólo podría lograr otorgando la amnistía como concesión a los partidos políticos catalanes. Pero la medida ha sido muy controvertida y ha provocado manifestaciones en todo el país.
Lola García, subdirectora del diario catalán La Vanguardia, un periódico históricamente cercano al partido de Puigdemont, ha señalado que su llegada podría tener implicaciones más amplias para la política española.
“La posibilidad de que Puigdemont sea encarcelado puede complicar las cosas para el gobierno español, aunque un cambio de gobierno no le convenga en este momento”, afirmó. “Pero no resucitará la unidad del movimiento independentista ni el proceso independentista”.
A pesar de la separación formal de poderes, el poder judicial español es visto –no sólo por los separatistas catalanes– como altamente politizado y una reliquia no reformada de la dictadura franquista.