En plena crisis por el ‘caso Koldo’, la Comisión Europea ha dado este martes un toque de atención a España por la falta de avances en la lucha contra la corrupción en su informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que recoge la Ley de Amnistía y toma nota de la imputación del Fiscal General del Estado, sin entrar a valorarlas.
La percepción de la corrupción en España ha aumentado significativamente en los últimos cinco años. Así lo recoge el informe que apunta a que según un Eurobarómetro de 2025, el 89% de los encuestados consideró que la corrupción está “muy extendida”, muy por encima de la media europea que está en un 69%. Además un 51% de los encuestados consideran que les afecta personalmente.
Bruselas apunta a que “aún no se ha empezado a trabajar en la estrategia nacional anticorrupción”, que estaba prevista por ley para septiembre de 2024. La Comisión destaca que “según las partes interesadas, a pesar de la inclusión de prioridades anticorrupción en los planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada corre el riesgo de conducir a la fragmentación y a una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción”.
Entre sus recomendaciones, la Comisión pide “redoblar los esfuerzos” para agilizar y acelerar “las investigaciones y los enjuiciamientos”, particularmente en casos de corrupción “de alto nivel”. En este sentido, apunta a la necesidad de finalizar la reforma del Código de Procedimiento Penal.
Conflictos de intereses En su informe, la Comisión apunta también a que aunque se han hecho esfuerzos para abordar los casos de sobornos extranjeros, “sigue habiendo lagunas en el marco legislativo”. También considera que el nivel de aplicación sigue siendo bajo.
Bruselas reconoce que ha habido avances en el refuerzo de las normas que regulan los conflictos de intereses de las personas que desempeñan funciones “de alto nivel”. Sin embargo, “no se han dado nuevos pasos para mejorar las normas sobre conflictos de intereses de los empleados públicos de las distintas administraciones”.
Además la Comisión pide a España reforzar la legislación sobre los lobbies. De hecho, apunta que aunque “los requisitos de divulgación para los parlamentarios se cumplen en su mayoría, sólo unos pocos publican información sobre reuniones con grupos de interés”.
En su informe, la Comisión identifica la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras, y los contratos de servicios públicos como sectores de alto riesgo para la corrupción. Son precisamente estos ámbitos los que están bajo sospecha en el ‘caso Koldo’.
Fiscal generalPor otro lado, la Comisión considera un “progreso” la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que desvincula el mandato del fiscal general del del gobierno que lo nombró. De hecho, esta era una de las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario había hecho en el pasado.
Además, destaca cómo “el anteproyecto de ley pretende mejorar la transparencia de las relaciones del Gobierno y el Fiscal General, estableciendo que las comunicaciones entre este último y el Gobierno serán públicas y por escrito”. Al mismo tiempo, Bruselas recoge en cualquier caso la preocupación de algunas asociaciones de que esta reforma “supone un riesgo para la independencia de la justicia al reforzar los poderes del Fiscal General y rebajar las garantías profesionales de los fiscales”, aunque no entra a valorar.
Respecto a la imputación de Álvaro García Ortiz, la Comisión se limita a constatar que “el Fiscal General está sujeto a procedimientos judiciales en curso”. Añade que ha sido imputado “por la presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal”, y que ha presentado un recurso.
AmnistíaA pesar de que hace unas semanas se filtrara la posición de la Comisión de cara a la vista en el Tribunal de Justicia de la UE por la Amnistía, Bruselas no entra a valorar la ley en su informe sobre el Estado de Derecho. Incluye una referencia en un apartado dedicado a “otros asuntos relacionados con los “controles y equilibrios”.
La Comisión se limita a tomar nota de la decisión del Tribunal Constitucional que declara la ley compatible con el texto, y las peticiones de decisión prejudicial que la Justicia europea examinará el próximo 15 de julio. “La Comisión ha estado evaluando la pertinencia de la ley de amnistía desde la perspectiva del Derecho de la UE”, dice el informe, sin entrar en el resultado, todavía objetivo del proceso judicial.
CGPJEl ejecutivo comunitario da además casi por cerrada la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que requirió la mediación del Ejecutivo comunitario, con la toma de posesión de sus miembros. El informe destaca además que sea por primera vez una mujer, Isabel Perelló, quien esté al cargo del organismo.
“La prolongada falta de renovación del CGPJ tuvo un impacto negativo en el trabajo del sistema judicial en su conjunto”, reconoce la Comisión en su informe. El acuerdo alcanzado “ha mejorado significativamente la situación.” Bruselas reclama en cualquier caso seguir avanzando para completar el proceso.
Independencia El informe recoge también las quejas de los jueces por la falta de remuneración, las últimas reformas judiciales, y las críticas de políticos y miembros del gobierno. “Según las normas europeas, si bien criticar las decisiones judiciales es un aspecto normal del discurso democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que menoscaben la independencia o la confianza de los ciudadanos en el poder judicial, advierte la Comisión.
El informe apunta en este sentido a la pobre percepción de la independencia judicial en España entre ciudadanos y empresas. Esa percepción sólo es buena o muy buena para un 39% entre la población, y un 40% entre las compañías. Aunque supone un ligero incremento respecto al año anterior, en realidad España está entre los países de la cola en este ámbito.
