Desde que la Comisión Europea empezó a evaluar la situación del Estado de derecho en los Veintisiete, hace tres años y medio, todos los informes anuales han lanzado el mismo mensaje: el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es “causa de preocupación” y es prioritario que gobierno y oposición desbloqueen la situación. El mismo mensaje ha lanzado este miércoles el comisario de justicia, Didier Reynders, ante el pleno del Parlamento Europeo durante un debate sobre el estado de derecho en España, impuesto por el Partido Popular Europeo, en el que ha confirmado que Bruselas analiza si la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez viola las normas europeas sobre protección de intereses financieros de la UE.
“Según la información de que dispone la Comisión, se ha aprobado en el Parlamento una reforma del Código Penal español. Esta reforma introduce cambios en varios delitos, incluido el delito de malversación. La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones, para verificar la conformidad de esta reforma con la legislación de la UE, especialmente por lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE”, ha explicado el liberal belga que ha hecho un repaso a todas las recomendaciones dirigidas a España en el último informe publicado en julio del año pasado, incluida la renovación urgente del CGPJ, que lleva caducado cinco años, y la modificación inmediatamente después del proceso de nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos.
“Lo que importa es que el CGPJ se perciba como vulnerable a la politización”, ha insistido Reynders que se ha referido a informes recientes que apuntan a que el bloqueo del órgano de los jueces está afectando a la eficiencia de la justicia en España. El comisario, que visitó España en septiembre pasado para abordar la renovación y presionar a gobierno y oposición para que logren un entendimiento, también ha lamentado suspendieran en octubre pasado las negociaciones. “Seguimos pidiendo a todos los partidos implicados que tomen las medidas pertinentes para que se aplique nuestra recomendación. Las asociaciones de jueces participan en la sugerencia de nombres para candidatos al CGPJ pero la última palabra la tienen en el Parlamento que tiene todavía mucho margen de discreción para decidir”, ha subrayado.
Cambios en el Constitucional Sí ha celebrado, en cambio, el acuerdo al que llegaron en diciembre pasado en el nombramiento de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, dos por parte del Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez) y dos por el CGPJ (César Tolosa y María Luisa Segoviano. “Estos nombramientos son importantes” ya que “el funcionamiento de los orgános constitucionales es un elemento esencial del estado de derecho”, ha puntualizado. Reynders también ha explicado que Bruselas está al tanto sobre la propuesta para modificar algunos aspectos del sistema de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y que volverán a evaluarlo en el marco del nuevo informe sobre el Estado de derechos de 2023.
En cuanto a la reforma del Código penal y el delito de sedición, Reynders ha explicado que están al tanto de los cambios introducidos por el Gobierno y la nueva definición pero ha replicado que se trata de una competencia exclusiva de los Estados miembros. “La sedición es algo que cae exclusivamente en la competencia de los Estados miembros con lo que son libres de aprobar o enmendar la legislación en este ámbito como bien lo consideren, siempre que respeten sus obligaciones internacionales y constitucionales”, ha señalado durante el turno de réplica de un debate con una treintena de intervenciones de eurodiputados, más de la mitad de ello españoles, que se ha prolongado hora y media.
El PP, origen del debate Cada sesión plenaria un grupo político tiene derecho a incluir un tema de actualidad en el orden del día del pleno de la Eurocámara. Este mes le tocaba al PPE que ha maniobrado, con la delegación española a la cabeza, para imponer un debate sobre el Estado de derecho en España. “España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual gobierno (…). No podemos callar mientras este gobierno mercadea con España, haciendo cesiones ante los que buscan acabar con el propio país”, ha disparado la jefa de la delegación popular y encargada de presentar el debate, Dolores Montserrat. Ha contado con el apoyo total de Ciudadanos y Vox.
“Si les hablo de un presidente del gobierno que desobedece e incumple leyes, que nombra a un ministro fiscal general del estado, que quiere cambiar mayorías para nombrar al CGPJ ilegalmente, que indulta a políticos condenados por sedición y malversación y que reforma el Código Penal a la medida de estos para que no tengan el coste de la inhabilitación. ¿De quién creen que hablo, de (Viktor) Orban? No, de Pedro Sánchez”, ha espetado Jordi Cañas (C’s). “El gran hermano es Pedro Sánchez. Viene aprobando leyes de forma fraudulenta, colocando a sus peones judiciales con la complicidad de todos los partidos”, ha acusado Jorge Buxadé (Vox).
Los partidos que conforman la mayoría de gobierno han contratacado acusando a los populares de instrumentalizar el Parlamento Europeo y secuestrar los órganos constitucionales. “La idea europea de democracia exige saber perder cuando pierdes las elecciones. El PP no ha sabido perder las elecciones”, ha resumido Juan Fernando López Aguilar (PSOE). “Este debate es un debate instrumental del PP que utiliza esta cámara para cuestionar la legitimidad del Gobierno de coalición en España, al puro estilo de la extrema derecha en otros lugares del mundo”, ha criticado Sira Rego (IU). “No lograrán empañar el buen trabajo del gobierno de coalición en Europa. Ladran luego cabalgamos”, ha arremetido Ernest Urtasun (Catalunya en Común), quien ha acusado al PP de deslealtad y de iniciar con este debate “el boicot” a la presidencia semestral española de la UE que tendrá lugar durante el segundo trimestre de 2023.