La Ley de Patrimonio Cultural no estaba pensada para defender el Valle de los Caídos, pero bastó que el Gobierno de la nación comenzara a hablar de Cuelgamuros y de Ley de Memoria Histórica para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vistiera de argumentos políticos una norma que, en principio, debía servir para «adaptar y modernizar la Ley vigente a las tendencias actuales en materia de patrimonio cultural». Este jueves la Asamblea de Madrid ha aprobado finalmente con el apoyo de Vox el texto definitivo que incluye en su articulado la creación del nuevo patrimonio etnográfico, donde se recoge la necesidad de preservar «la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger».
La interpretación del artículo 73 que recoge este punto permite al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defender que con ella podría proteger la cruz del Valle de los Caídos, aunque no pueda actuar sobre el entorno por no ser de competencia regional. La argumentación política, en cualquier caso, le ha servido para lograr el apoyo de los diputados de Vox, que han hecho bandera con este asunto buscando que fuera declarado Bien de Interés Cultural (algo imposible por ser un bien estatal), y defender, si llega el caso, que la normativa autonómica les concede un margen en lo que ahora se llama Valle de Cuelgamuros.
Rechazo de la izquierda El texto ha sido rechazado por de los grupos de la izquierda, actualiza la legislación vigente desde hace 10 años y entrará en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas.
La nueva regulación integra también la investigación y educación, aumentando la colaboración de las universidades, administraciones locales y otras entidades, fija los principios de actuación para las administraciones públicas (vertebración del territorio, respeto a la pluralidad del patrimonio, accesibilidad o transversalidad) y delimita las competencias de la comunidad autónoma, los municipios y los órganos consultivos, con el objeto de clarificar y ordenar su actuación en la materia. Además, regula el acceso público a los registros de bienes culturales protegidos y, junto con los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los Bienes de Interés Patrimonial (BIP), suma un tercer nivel de protección, el de Bienes Catalogados, que cuentan con valores históricos y culturales.
