Antxon Alonso, dueño de Servinabar –la empresa que obtuvo adjudicaciones de obra pública en Navarra y que según documentación incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podría ser propiedad en un 45 por ciento del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán– ha confirmado este lunes ante el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, la versión del exdirigente socialista, y ha negado que Cerdán haya tenido participación en la sociedad. Fuentes jurídicas señalan que aseguró que el documento se firmó ante los malos resultados alcanzados por el partido socialista en Navarra, pero que nunca se elevó a escritura pública: Cerdán destruyó su copia y él la guardó en un trastero con muchos papeles.
Alonso fue el segundo en declarar tras Fernando Merino, directivo de Acciona Construcción en Narra y La Rioja hasta 2021. Ambos están imputados en la causa que trata de aclarar si estas empresas pagaron comisiones ilegales a cambio de obtener obra pública licitada por el Ministerio de Transportes durante la etapa como ministro de José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para ambos comparecientes la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas ante la justicia.
Nadie ha preguntado a Antxon Alonso si actuó como interlocutor del PNV y Bildu para Santos Cerdán, como declaró este ante el juez Puente, por lo que su declaración, en la que solo ha contestado a su abogada, se ha centrado en aspectos como que hasta 2017 pagó una comisión a Koldo García, que años después fue asesor del exministro José Luis Ábalos, por informarle de obra pública privada.
También ha admitido un pago de 4.500 euros a la Fundación Fiadelso, que acaba cobrando a través de Koldo la hija de Ábalos, y lo ha justificado con su intención de declarar. La UCO sostiene que era una transferencia periódico, extremo que el imputado ha negado.
Además, según las fuentes jurídicas consultadas, ha negado que las obras en la que formó UTE con Acciona estén siendo investigados. En este punto, el otro imputado, Fernando Merin,o ha admitido ante el magistrado que era obligatorio formar una UTE con empresas locales y que en el caso de Servinabar se ocupó de proporcionarles las Epis, con los que los trabajadores se protegían.
Puente se dirigió contra Alonso, Merino, y también contra los empresarios José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción) y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos) tras recibir el informe policial que destapó la presunta trama y que se apoya en conversaciones y mensajes intercambiados entre todos los implicados que Koldo conservó y que se produjeron entre 2019 y 2023.
El contrato de ServinabarUna de las evidencias clave la encontró la Guardia Civil al registrar la vivienda de Alonso. Se trata de contrato privado de compraventa en el que consta que Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones -el 45%- de esa empresa, que según la UCO se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros. El documento, «firmado en sus cuatro páginas» por Cerdán y por Alonso y que señalaba que éste vendía algo menos de la mitad de sus participaciones al excargo socialista por 6.000 euros, es según la defensa «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».
En su declaración, Cerdán declaró que conocía a Alonso desde 2006 pero que hacia 2011 tenían ya «una relación bastante fuerte de amistad» porque hablaban «mucho» de política. De hecho más tarde se ha conocido que medió con PNV y Bildú en nombre de Cerdán para obtener apoyos para el PSOE. No obstante, el exdirigente de Ferraz negó cualquier relación con Servinabar y ligó el contrato privado a que el PSOE acababa de cosechar «el peor resultado de la historia» en Navarra y pensó «abandonar la política», momento en el que Alonso le habría ofrecido ser su socio aunque finalmente lo desechó.
El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo. / Jesús Hellín – Europa Press
La UCO también incluye en su informe que Servinabar y Acciona participaron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se presentó a varias adjudicaciones públicas de Navarra, una de ellas las obras del túnel de Belate, que lograron por 76 millones de euros. El Supremo exigió toda la documentación relativa a las cinco obras públicas de las que resultó adjudicataria Acciona Construcción –cuatro de ellas en el marco de una UTE– por importe global de 537 millones de euros: dos en Murcia, una en Logroño (La Rioja), una en Sevilla (Andalucía) y una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña).
