Una solicitud a la que tampoco se ha opuesto la Abogacía del Estado, que entiende que denegar esta investigación por considerar que «no hay hechos nuevos», como sostiene el juez instructor del caso, «supone una suerte de suplantación» del órgano que debería juzgar y resolver si los hechos «indiciariamente acreditados» son delito y también sobre la «participación de quienes en ellos han intervenido o los han conocido».
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir ahora si avala la postura del juez, que rechazó reabrir el caso e investigar a Cospedal tras la publicación de unos audios que registraban conversaciones de 2013 entre ella y el excomisario José Manuel Villarejo, o si estima los recursos de las acusaciones populares, que creen que hay indicios para que la exdirigente popular esté imputada en el caso.
También la Fiscalía apoya la investigación a Cospedal pues, aunque declinó recurrir esa decisión del juez Manuel García Castellón, en los últimos meses se ha mostrado a favor de que la Sala de lo Penal estime los recursos de Podemos y el PSOE en sendos escritos, a los que ha tenido acceso EFE, donde solicita que revoque el auto del magistrado.
Pide que se abra una pieza separada del caso Kitchen -que es a su vez una pieza del caso Tándem o caso Villarejo- para investigar si «en la planificación y ejecución por parte de la cúpula policial» y «de los máximos responsables del Ministerio del Interior» de este supuesto espionaje «intervinieron además miembros relevantes del Partido Popular, por entonces en el Gobierno de la nación, y, en concreto su secretaria general María Dolores De Cospedal», según uno de sus escritos.
La Fiscalía solicita también que «se realicen las pruebas periciales necesarias para certificar el reconocimiento de voz y la identificación de los participantes en las cuatro conversaciones directamente relacionadas» con los hechos que se han investigado en el caso.
Esta línea de investigación discurriría, no obstante, de forma paralela al caso Kitchen, donde ya hay más de una decena de procesados, como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y que está a la espera de que la Fiscalía remita su escrito de acusación.
En uno de los audios que motivaron las solicitudes de las acusaciones para reabrir la causa se hablaría de «lo de la libretita (de Bárcenas) mejor sería poderlo parar». El juez destacó la «insuficiencia indiciaria» de «sustentar acusaciones sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia».