«Hay mucha gente interesada en romper el acuerdo en Castilla y León y entre esa gente no estamos nosotros. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que el Gobierno del PP y Vox se mantenga», ha dicho Abascal a la prensa después de presentar en el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley que deroga la sedición y reforma el delito de malversación.
Abascal ha reconocido que el Ejecutivo de coalición castellano leonés «atraviesa dificultades» y «no tengo ninguna duda en que atravesará más dificultades…porque algunos no están acostumbrados a gobernar en coalición y van a tener que aprender poco a poco» pero ha evitado ponerse en una hipótesis de ruptura.
Aunque ha ironizado con que «riesgos siempre hay en la vida», Abascal, acompañado del secretario general del partido, Ignacio Garriga, y del vicepresidente Javier Ortega-Smith, ha dejado claro que «cuesta entender que un pacto no se cumpla» y ha vuelto a confiar «en la palabra de Mañueco».
Ante la negativa del presidente de la Junta de la existencia de ese «protocolo» antiabortista que propugna Vox, Abascal ha lamentado que «el señor Mañueco esté desautorizando a su propio consejero de Sanidad» que respaldó estas medidas en la nota de prensa que emitió su departamento.
«Y si no se cumple, en otra ocasión antes de pactar con el PP iremos a pedir permiso a Prisa o a Ferraz, porque parece que no tienen autonomía para pactar con Vox», ha incidido tras reiterar que «nosotros vamos as ser comprensivos pero exigentes. Nuestra voluntad es el mantenimiento del Gobierno de Castilla y León».
«Estamos tranquilos y con la conciencia tranquila», ha puntualizado el líder de Vox que ha avisado de que si el Gobierno de Pedro Sánchez abre la posibilidad de imponer el artículo 155 en Castilla y León «dará un motivo más para la moción de censura».
Una moción en la que Abascal sigue «trabajando» con una «agenda completa de reuniones con diputados, personas políticas relevantes en el presente y en el pasado».
Por otra parte, el líder de Vox ha recordado al PP que la propuesta del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada es una «reflexión que ataca el sistema parlamentario en España» y le ha preguntado si esa medida sería solo para Castilla y León, para todas las CCAA o para el conjunto de la nación.
«Sus candidatos querrán saberlo, querrán saber si a pesar de que en muchos lugares de España probablemente en la inmensa mayoría de los ayuntamientos y de las regiones haya en las próximas elecciones unas mayorías de PP y Vox, si el Partido Popular está dispuesto a entregar el poder al Partido Socialista», ha dicho.
Recusa a magistrados del TC Abascal ha comparecido ante los medios para anunciar que su formación recusará a varios magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por «su especial vinculación con el Gobierno» al tiempo que el partido ha registrado este jueves un recurso de inconstitucionalidad por la nueva ley de desordenes públicos agravados que deroga el delito de sedición y reforma el de malversación. El líder ultra ha incidido en que la reforma de la sedición es «una estafa del Gobierno a los españoles».
«Es la culminación al proceso de mentira de este Gobierno… y se hace para mantenerse en el poder pactando con corruptos y con golpistas y se hace además pisoteando por enésima vez la Constitución, porque esta reforma implica un indulto encubierto y un indulto general, ambas cosas expresamente prohibidas en la Constitución», ha dicho a los medios de comunicación.
Se trata del recurso número 46 de Vox y para Abascal «el recurso número dos de Vox en la era en la que Pedro Sánchez ya ha saltado el Tribunal Constitucional, ante lo cual también les anunciamos que presentaremos la petición de recusación de varios de los magistrados por su especial vinculación con el gobierno».
Los cuatro últimos magistrados que integraron el TC fueron el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, ambos propuestos por el Ejecutivo, y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).