El Tribunal Supremo israelí ha anulado este lunes en una ajustada votación la Enmienda a la Ley Básica Judicial, la norma más importante aprobada en el marco de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica, con nivel cuasiconstitucional.
El Supremo ha aprobado por ocho votos contra siete esta norma y ha respaldado con el voto de doce magistrados la capacidad de los tribunales de revisar las leyes aprobadas por el Parlamento, incluidas las leyes básicas como la que en julio derogó la conocida como Ley de Causa Probable, según recoge la prensa israelí.
Los tribunales conservan así sus competencias para intervenir y anular de forma excepcional y en casos extremos normas en las que la Knesset o Parlamento se exceda en su autoridad.
«Imposible legislar» El ministro de Justicia del Gobierno israelí y arquitecto de la reforma judicial, Yariv Levin, ha denunciado que con esta sentencia los jueces se arrogan los tres poderes en los que debería estar dividido el Estado.
«Están tomando en sus manos todas las competencias que en una democracia se dividen entre los tres poderes», ha afirmado, según recoge ‘The Times of Israel’. «Es imposible legislar siquiera una ley básica o tomar una decisión en la Knesset o en el Gobierno sin la aprobación del Tribunal Supremo, con lo que se priva a a millones de ciudadanos de su voz», ha reprochado.
Para Levin se trata de una sentencia sin precedentes en el mundo democrático, aunque ha destacado que el Gobierno «seguirá actuando con contención y responsabilidad» mientras continúe la campaña militar contra Hamás en la Franja de Gaza.
El presidente de la Knesset, Amir Ohana, ha afirmado que «es evidente que el Tribunal Supremo no tiene ninguna autoridad para anular leyes básicas», pero «es aún más evidente que no podemos ocuparnos de esto durante tanto tiempo mientras estamos en medio de una guerra».
También el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, ha lamentado el fallo. «Hubiera sido mejor que esta sentencia hubiera salido después de estos momentos difíciles aunque solo fuera para evitar el regreso de los discursos que dividen (…). Debemos mordernos los labios, demostrar responsabilidad y mantener la unidad. Es nuestra responsabilidad para con los caídos», ha argumentado.
Desde el partido Likud de Netanyahu han advertido también de que se emita el fallo «cuando los soldados de derechas y de izquierdas combaten y ponen en peligro sus vidas». «Contradice el deseo del pueblo de unidad, especialmente en este momento de guerra», ha alertado.
El fallo «pone fin al conflicto» Para el líder del opositor partido Yesh Atid, Yair Lapid, el fallo «pone fin a un año difícil de conflicto que nos ha dividido desde dentro y nos ha llevado al peor desastre de nuestra historia».
Lapid ha resaltado que «el origen del poder en Israel, la base para la fuerza israelí, está en nuestro carácter de estado judío, democrático, liberal y que cumple la ley». «Si el Gobierno reanuda la disputa sobre el Tribunal Supremo, es que no han aprendido nada», ha remachado.
El líder del Partido Laborista, Merav Michaeli, ha destacado por su parte que «incluso los jueces conservadores han dictaminado hoy que el tribunal tiene autoridad para revisar e invalidar leyes básicas». «No hay una declaración más evidente para quienes atacan y destruyen la democracia. La democracia israelí no se rendirá», ha apostillado.
Desde el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel han ensalzado el «veredicto histórico», «una tremenda victoria popular para quienes aspiran a la democracia». «Se les ha dicho a un Gobierno y unos ministros que buscan eximirse del estado de Derecho que hay jueces en Jerusalén, que hay democracia, que hay separación de poderes», ha argumentado el grupo.
La Enmienda a la Ley Básica Judicial fue aprobada el 24 de julio. Estas leyes básicas están consideradas como capítulos de una futura Constitución de Israel.
Esta reforma judicial ha sido el motivo de meses de movilizaciones contra el Gobierno de Netayahu, al que la oposición acusa de totalitarismo y de atentar contra la división de poderes al intentar reducir el alcance de la ley de razonabilidad al nivel administrativo y dejar fuera el nivel de cargos electos. Incluso la fiscal general israelí, Gali Baharav Miara, ha manifestado su rechazo a la norma ahora derogada.
Las protestas solo han cesado tras los ataques del 7 de octubre de Hamás contra suelo israelí que se saldaron con unos 1.200 muertos y que han propiciado una operación militar de represalia contra la Franja de Gaza.
