Los fiscales españoles han acusado a Shakira de no pagar 6,7 millones de euros (5,8 millones de libras esterlinas) en impuestos sobre sus ingresos de 2018, dijeron las autoridades, en las últimas acusaciones fiscales del país contra la cantante colombiana.
Se alega que Shakira utilizó una sociedad offshore con sede en un paraíso fiscal para evitar pagar el impuesto, dijeron los fiscales de Barcelona en un comunicado.
Ha sido notificada de los cargos en Miami, donde vive, según el comunicado.
Shakira ya será juzgada en Barcelona el 20 de noviembre en un caso separado que depende del lugar donde vivió entre 2012 y 2014. En ese caso, los fiscales alegan que ella no pagó 14,5 millones de euros en impuestos.
Los fiscales de Barcelona han alegado que la ganadora del Grammy pasó más de la mitad del período 2012-2014 en España y, por lo tanto, debería haber pagado impuestos en el país, a pesar de que su residencia oficial estaba en las Bahamas.
Los funcionarios fiscales españoles abrieron el último caso contra ella en julio. Después de revisar las pruebas reunidas durante los últimos dos meses, los fiscales decidieron presentar cargos. No se fijó ninguna fecha para el juicio.
La firma de relaciones públicas que anteriormente se encargó de los asuntos de Shakira, Llorente y Cuenca, no hizo comentarios inmediatos. En julio pasado, afirmó que la artista había “actuado siempre de conformidad con la ley y siguiendo el consejo de sus asesores financieros”.
Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha estado vinculada a España desde que empezó a salir con el ya retirado futbolista Gerard Piqué. La pareja, que tiene dos hijos, vivió junta en Barcelona hasta el año pasado, cuando pusieron fin a su relación de 11 años.
Durante la última década, las autoridades fiscales españolas han tomado medidas enérgicas contra futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de sus impuestos. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión de impuestos, pero evitaron ir a prisión gracias a una disposición que permite a un juez renunciar a sentencias de menos de dos años de duración para los infractores por primera vez.
