La defensa del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que le deje en libertad, alegando que no hay ningún riesgo que justifique continuar en prisión provisional, en el marco de las pesquisas que ahora dirige la Fiscalía Europea (EPPO) por los cuatro contratos adjudicados al proyecto GAR-SI Sahel, en los que habría maniobrado la presunta trama del ‘caso Mediador’.
El general Espinosa es el único de la docena de investigados por ‘Mediador’ que se encuentra en prisión provisional. Su defensa ya solicitó a la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, que acordara su libertad pero la magistrada se negó apuntando al riesgo de destrucción de pruebas.
Desde entonces, la instructora ha dividido el caso para enviar a la Fiscalía Europea la parte relativa a esos cuatro contratos –por un total de 263.093,39 euros–, que podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega de «dádivas o pagos» al general Espinosa cuando era responsable del Proyecto GAR-SI Sahel, financiado por la UE y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Fuentes jurídicas indican que la defensa de Espinosa ha acudido al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que ejerce de juez de garantías, con la misma petición interesando la libertad del general retirado. A su juicio, dado que esos cuatro contratos ya constan en la causa, no hay riesgo de destrucción de pruebas.
Calama, que en este caso no actúa como director de las pesquisas sino como una especie de supervisor de las actuaciones de la Fiscalía Europea que interviene solo en lo tocante a derechos fundamentales, tendrá que resolver ahora si mantiene encarcelado a Espinosa. Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan que antes ha reclamado la opinión de los fiscales instructores.
‘Caso mediador’ Según el relato efectuado por Lorenzo-Cáceres, el general retirado habría adjudicado esos contratos al empresario José Antonio Suárez, apodado por la trama como ‘José Drones’, para suministrar equipamiento al GAR-SI Sahel, «que tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto en los países del Sahel como de los territorios regionales, incluyendo las zonas más aisladas y transfronterizas».
De acuerdo con el sumario del caso, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, ‘José Drones’ se habría hecho con contratos de suministro de equipamiento para Mauritania y Níger en 2021, y para Malí en 2021.
El general Espinosa, sin embargo, negó en su declaración ante la juez que favoreciera a Suárez para que lograra dichos contratos con los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel.
Salvo la parte relativa a este proyecto europeo, el juzgado canario sigue investigando esta presunta trama encabezada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’; su sobrino Taishet Fuentes –ex director de Ganadería de Canarias–; el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el ‘mediador’, y el general Espinosa.
Conforme refleja el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero –aunque también viajes y fiestas– a cambio de favores políticos, con «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción».
