El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicará este jueves a las 12.00 horas a la presidenta de Junts, Laura Borràs, la sentencia por presuntamente haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo que depende de la Conselleria de Cultura, según han asegurado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.
La fiscalía solicita seis años de prisión, 21 años de inhabilitación y multa de 146.000 euros a Borràs por un delito de prevaricación y falsedad documental. Conforme al pacto alcanzado antes del juicio con la defensa de Herrero, la acusación pública rebajó la petición de pena para él de seis años de cárcel a dos años, más inhabilitación por un periodo de seis años y cuatro meses y multa de 2.100 euros, y también para el tercer imputado, el empresario Andreu Pujol, que se enfrenta a un año y dos meses de prisión, inhabilitación de cuatro años y tres meses y multa de 2.250 euros. A ambos, se le aplica la atenuante de confesión. Sus abogados han avalado esta modificación.
La confesión El juicio estuvo marcado, precisamente, por el acuerdo alcanzado entre los abogados de Herrero y Pujol con la fiscalía después de que los dos cumplieran con lo acordado y señalaran directamente a Borràs. El primero admitió ante el tribunal que la presidenta de Junts «sabía», le daba instrucciones y se ponían de acuerdo los dos para fraccionar los contratos por servicios informáticos que le iba encargando desde la ILC y que, para ello, presentaba el presupuesto real, que sería el que se aprobaría, y otros dos «comparsas» o falsos. En total, 18 tratos que no debían superar los 18.000 euros cada uno, el límite para otorgarlos a dedo, y por un importe global de 336.000 euros (324.000+ iva), entre 2013 y 2017. «Acordamos dividir el trabajo en varios contratos», recalcó Herrero durante la vista.
El abogado de la defensa, Gonzalo Boye, desgranó durante el juici sus argumentos sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o el secreto de las comunicaciones. De esta manera, puso en duda la cadena de custodia de los correos electrónicos incriminatorios incautados y de la investigación en su conjunto. «Se ha pasado del ‘a por ellos’, al ‘a por ella'», aludió, poniendo en duda las pesquisas y apoyando la teoría de la supuesta persecución política hacia la líder de Junts. «Hemos pasado de la patada en la puerta, a la patada al servidor», espetó.
