El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha rechazado comparecer en la comisión de investigación del Parlament sobre el espionaje a independentistas con el programa Pegasus. Según ha avanzado Rac1 y ha confirmado EL PERIÓDICO, Esquerra Junts y la CUP habían pedido su comparecencia para el próximo 3 de marzo, junto con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Fuentes de Moncloa aseguran que «con el máximo respeto institucional al Parlament», el presidente y los ministros deben «rendir cuentas ante el Congreso y el Senado», donde defiende que ya respondieron «a múltiples preguntas y comparecencias sobre esta cuestión». Por ello, rechazan comparecer en la Cámara catalana. Según el artículo 57 del Reglamento, es obligatorio comparecer en las comisiones de investigación, aunque ya en otras ocasiones el gobierno español ha rechazado hacerlo amparándose en informes del Consejo de Estado.
El conocido como ‘Catalangate’ supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y sus socios de Esquerra, ya que se congeló el diálogo durante tres meses con la Generalitat. Además, la cuestión le ha costado a Sánchez más de una reprimendas desde el exterior, como la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se alertaba de las vulneraciones de derechos humanos o el informe de la comisión de investigación del Parlamento Europeo que apuntó que el Gobierno fue «probablemente» el primer cliente en la Unión Europea de Pegasus.
Este espionaje afectó alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo, entre ellas, políticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, y múltiples abogados y activistas.
Por otro lado, el Parlament también ha pedido la comparecencia de los exvicepresidentes del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, los exdelegados del Gobierno Enric Millo y Teresa Cunillera, junto a la actual titular del cargo, Maria Eugènia Gay, así como dirigentes del CNI, expertos en derechos humanos y abogados.
El 20 de enero ya comparecieron en la comisión los abogados Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde y Benet Salellas, que acusaron al Gobierno de malversación y a la Fiscalía de obstaculizar la investigación.
