El Gobierno levantó a finales del año pasado un nuevo escudo de medidas anticrisis que incluía nuevas iniciativas para rebajar el golpe a los hogares de la subida de los precios energéticos, que incluía nuevos tipos de rebajas en la factura de la luz y también en la del gas. Dos de esas medidas, las realmente nuevas y que contemplan ayudas directas para bajar el recibo de electricidad y de gas a determinados hogares, no terminan de arrancar.
El Ejecutivo puso en marcha un nuevo tipo de bono social eléctrico que no estaba destinado a hogares vulnerables, sino que buscaba facilitar de manera temporal un descuento del 40% del recibo de luz a clientes de clase media. Una rebaja a la que podrían acceder hogares que tuvieran contratada la tarifa regulada de la luz y con ingresos anuales de entre menos de 27.700 euros (para familias con dos adultos y dos menores) y 16.800 euros (con un solo adulto).
El Gobierno anunció que hasta 1,5 millones de hogares podrían verse beneficiados del nuevo descuento temporal, que financian las empresas eléctricas proporcionalmente a su cuota de mercado y que acaban cargándoselo en el recibo a todos sus clientes. Sin embargo, de momento, sólo se han acogido a este nuevo bono social un total de 9.000 hogares, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Desde el Ejecutivo, no obstante, se destaca que la cifra de beneficiarios ha crecido de forma sustancial en el último mes, con unas 6.700 nuevas altas.
Tarifa para comunidades de vecinos Tampoco está desplegándose a la velocidad esperada la nueva tarifa de gas subvencionada destinada a comunidades de propietarios, con el objetivo de rebajar el precio de la factura de los bloques vecinales con calefacción central. Desde que se puso en marcha el pasado octubre la nueva tarifa de último recurso colectiva (TUR vecinal) con un descuento cercano al 50%, menos de 5.000 comunidades de vecinos se han acogido a ella, según ha confirmado este miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el acto en que cada mes hace balance de las medidas de ahorro contenidas en el Plan Más Seguridad Energética.
El acceso a esta nueva tarifa regulada subvencionada implica que las comunidades de propietarios beneficiarias deben asumir ciertas exigencias, singularmente instalar un contador individual en cada casa antes de octubre y garantizar que no se incrementa el consumo de gas de la comunidad en relación a la media de los últimos tres años. Unos requisitos que está haciendo que sea más difícil que los vecinos lleguen a acuerdos para contratar la nueva tarifa.
“El acceso a la nueva tarifa regulada de gas para comunidades está siendo muy lento. No llega a 5.000 clientes”, reconoció la vicepresidenta, que subrayó, no obstante, que las comercializadoras gasísticas han transmitido al Ministerio que hay un interés creciente entre clientes potenciales. Hace un mes eran 2.300 comunidades de propietarias las que habían contratado ya la nueva TUR. “Es un derecho que acceda quien quiera, pero se trata de una decisión del conjunto de la comunidad de propietarios (…) La labor del Gobierno es no haya nadie que pueda ser beneficiario que no sepa que existe”.
Frente al tímido despliegue de la tarifa para comunidades de vecinos, las grandes energéticas sí siguen registrando un trasvase masivo de clientes individuales hacia las tarifas reguladas de gas natural por las ayudas activadas por el Gobierno para bajar la factura en plena crisis energética. Los traspasos de contratos no sólo no frenan tras la avalancha inicial de los últimos meses, sino que incluso se intensifican en lo que va de año.
Al calor de las ayudas del Gobierno, los grandes grupos energéticos obligados a ofrecer las tarifas reguladas (Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies) han sumado unos 200.000 nuevos clientes particulares en sus comercializadoras de último recurso sólo en enero, según los datos internos de las compañías adelantados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Un nuevo traspaso masivo de clientes que se suma a los cerca de 550.000 altas en las tarifas reguladas -cuyo precio establece el Gobierno y al que actualmente aplica grandes rebajas- registradas en los últimos meses del año pasado.
Las principales gasistas están atendiendo un auténtico alud de peticiones para saltar al negocio regulado. Un vuelco comercial total frente a la tendencia de los últimos años en que las tarifas reguladas tenían una cartera de clientes menguante mientras engordaba la de las tarifas del mercado libre. En total, unos 2,3 millones de clientes cuentan ya con tarifas reguladas, en torno a un 35% más que el pasado verano. Unos 6 millones de clientes siguen en las tarifas del mercado libre de gas, cuyo precio fijan las compañías libremente.
