Ada Colau tendrá que ir a declarar como imputada por coacciones y prevaricación el 13 de marzo, cuando faltarán algo más de dos meses para las elecciones municipales, a raíz de la querella que presentó contra ella y los concejales de Vivienda, Lucía Martín, y del distrito de Sants, Marc Serra, el Fondo Vauras, propietario desde 2019 del Bloc Llavors, situado en Poble Sec, que se convirtió en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda.
La alcaldesa ha comparecido que la Audiencia de Barcelona la ha citado a ella, a Martín y a Serra y a una funcionaria del ayuntamiento los días 10 y 13 de marzo. Los ediles y la funcionaria irán el día 10. Colau ha dado por hecho que el caso no tendrá desarrollo y ha recordado que ella y su equipo han recibido un gran número de querellas que luego no han tenido recorrido y han acabado archivadas.
La querella fue presentada después de que el ayuntamiento sancionara a la empresa por no ofrecer un realojo a personas que vivían en el Bloc Llavors cuando fueron desahuciadas. Personas, ha precisado, que habían acreditado su vulnerabilidad social.
Del rechazo a la admisión La denuncia fue inadmitida a trámite cuando fue presentada por primera vez, en noviembre de 2020. Entonces, la jueza consideró, para argumentar su rechazo, que en su opinión el Fondo Vauras “atribuía delitos sin rigor ni precisión”. La Fiscalía compartió entonces que la querella no tenía base.
En abril pasado, la situación dio un vuelco. La Audiencia de Barcelona admitió a trámite la querella y ordenó que se citara a declarar como imputados a la alcaldesa y los concejales. Faltaba concretar las fechas de la declaración.
Ese cambio tuvo lugar dos meses después de que Colau tuviera que ir a declarar por otra ofensiva legal en su contra, en ese caso vinculada con subvenciones concedidas a entidades consideradas afines a Barcelona en Comú.
Segunda declaración Será, así, la segunda vez que Colau tendrá que ir a declarar por querellas presentadas en su contra. “Si nos querían asustar solo consiguen lo contrario”, ha dicho la alcaldesa, que ha informado de que el consistorio conoció ayer la citación.
“Hemos confrontado privilegios de algunos sectores económicos de la ciudad que nunca se habían encontrado con alguien que les pusiera límites. Y eso ha dado pie a querella sin fundamento”.
