«En ningún caso». El Gobierno niega razones electorales en su decisión de reformar ahora la ley del sí es sí, cuya entrada en vigor acumula más de 300 rebajas de pena a delincuentes sexuales, y justifica que se haga ahora, tres meses después de las primeras decisiones judiciales, precisamente, en que no hay dudas sobre los «efectos indeseados» de su aplicación.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, achacó la demora en que el Gobierno ha estado estudiando todas las resoluciones y a la espera de que el Tribunal Supremo unificará doctrina. Pero, siempre hemos trasladado, remarcó, que si era necesario «hacer retoques técnicos se harían». «Durante este tiempo se ha estado trabajando sobre la fórmula, que «no es sencilla y de la que damos cuenta ahora», explicó la también ministra de Política Territorial.
Es cierto que durante estos meses se han producido reuniones entre los Ministerios de Justicia y de Igualdad para buscar una salida pero se saldaron siempre sin acuerdo por la reticencias de Podemos. Lo que ha sucedido ahora es que Pedro Sánchez ha optado por impulsar una modificación, con el apoyo sus socios de Gobierno o sin él, tras certificar la erosión que este asunto está produciendo.
A cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo en los territorios había cundido la preocupación por el desgate de esta polémica. Ni en Ferraz ocultan que les hace «daño». Y de hecho, cuando empezaron a conocerse las primeras reducciones de penas a violadores, la primera reacción de los ministros socialistas del Ejecutivo fue defender un cambio inmediato en la ley.
Pero durante este tiempo a la dificultad de encontrar una salida técnica, que además sólo operará sobre los delitos que se cometan a partir de ahora, se ha sumado la negativa de Podemos a hacer modificaciones. Esta postura parece haber variado aunque persisten aún las diferencias entre los socios sobre qué tocar y que no. La portavoz manifestó este martes que «no se ha planteado tocar el consentimiento ni una coma» que es «la esencia de la norma» pero los morados consideran que esto es lo que hace la propuesta de Justicia, que plantea la división del delito de agresión en agresión sin violencia o intimidación y ‘agresión con violencia y creen que esto es volver al antiguo sistema de abuso y violación.
Frente a esta posición, Isabel Rodríguez aseguró que el Gobierno «se siente orgulloso» de esta norma pero la mejor forma de defenderla es «llevar a cabo todos los ajustes técnicos necesarios» para evitar la rebaja de penas. Moncloa confía en encontrar una solución en los próximos días.
