El proceso judicial en que está envuelto el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, ha sacudido la vida política española. El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye la causa, deberá decidir ahora cuando cita a declarar a los implicados en este caso de presunto tráfico de influencias que tenía como objetivo reformas legislativas que beneficiaran a empresas gasíticas, que fueron las que contrataron al despacho Equipo Económico, fundado por exdirigente popular. Estas son las cifras de este caso.
El juez de instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha imputado a Cristóbal Montoro y otras 28 personas, entre los que se encuentran algunos exresponsables de su equipo en el Ministerio de Hacienda, su imputación en una causa que investigaba en secreto desde 2018 las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro mismo fundó en 2006 y del que dice haberse desligado. En el auto por el que se levantaba un secreto de sumario que ha estado vigente durante siete años, el magistrado también añadía a seis empresas, una Equipo Económico y el resto vinculadas al sector del gas.
Las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a «intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables», algo que lograron hasta en dos ocasiones, en primer término para unas empresas gasístas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos de 2018. Se les atribuyen indiciariamente siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En el período entre 2011 y 2019, según la declaración presentada por Equipo Económico, los pagos recibidos por las gasísticas implicadas alcanzan los 779.705 euros, teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias ( como la consultora EY) y en el mejor de los casos retocados por el despacho. «A pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes», detalla el juez.
El perjuicio acumulado y estimado, reseña un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción , tanto de esta modificación del impuesto eléctrico (IE) como el de actividades económicas (IAE) superarían los 51 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Esta cifra está calculada extrapolando los 10 años transcurridos desde la reforma de la IE (41 millones de euros) y la de hace cinco años del IAE (10,5 millones de euros). Es decir, la «nueva medida supone una renuncia que minora los ingresos de las arcas municipales al derivarse a una tarifa menor que «reduce la cuota tributaria». En este sentido, la Agencia Tributaria recalca que el impacto recaudatorio solo de la modificación de IAE sería de 438.276 euros anuales en un ejercicio para una sola empresa gasista.
La investigación realizada por el juez Rubén Rus también permitido identificar una quincena de empresas que serían las propietarias actuales de Global Afteli –antes Equipo Económico–que el instructor considera «instrumentales», puesto que su razón de ser sería ser utilizadas «para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada». Otros de los informes que obran en el sumario, realizado por Hacienda, eleva el número de estas empresas ‘pantalla’ a una veintena
Estas empresas bajo la lupa del juez instructor del caso Montoro son, además de Equipo Económico y Global Afteli, Econodos, Plataforma de Soluciones Jurídicas, Consultoría y Diagnóstico, Tutman Fiscalía, Falumar Inversiones, White Light Solutions, Piro Yield, Tutpim Inversiones, Narixa Homes, Absolutio Prevención Penal, VAU Consultoría y Análisis, La Rioja Corporate, Tuergano Corporate, Breda Real Estate, Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo Social y Tax Dynamics.
En el último tomo del sumario que ha trascendido, el número 18, concluye con una reiteración por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue el análisis que se le ha encomendado sobre 321 cuentas y 339 productos bancarios a nombre de los implicados que podría ser clave para conocer el destino del dinero presuntamente desviado.
Los requerimientos para obtener esta información fueron librados por el juez Ruz en diciembre de 2023 con respecto del BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, ING Bank, Caja Rural del Sur, Ibercaja Banco, Deustsche Bank, City Spain y Wizink Bank para conocer los efectivos y movimientos registrados en las cuentas de los 28 imputados. En junio de ese mismo año, la Guardia Civil aún no contaba con toda la información de los 339 productos bancarios solicitados: todavía les faltaba recibir los datos relativos de 18 de ellos.
22,8
millones entre cuatro socios
Los cuatro socios del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, se repartieron entre 22,8 millones de euros en diez años, entre 2008 y 2007, según cifran los Mossos d’Esquadra en uno de los informes aportados al sumario. Se trata de los beneficios ofrecidos por las empresas para poder intervenir en modificaciones fiscales, que en el caso de las empresas de gases industriales les habría supuesto una rebaja fiscal del 85%.
El socio principal, Ricardo Martínez Rico, adquirió esta condición tras asumir el paquete de participaciones que antes tenía el propio Montoro en el despacho. Sólo él percibió por su actividad en Equipo Económico un total de 8,4 millones de euros entre 2008 y 2017, y precisamente los años en que su retribución fue mayor son aquellos en los que el PP volvió a la Moncloa.
Equipo Económico ha tenido en su cartera de clientes hasta 130 empresas y entidades que entre 2008 y 2019 pagaron a este despacho importes totales superiores a los 6.000 euros. En el listado elaborado por la Agencia Tributaria e incluido en el procedimiento judicial figura Solaria Energía y Medio Ambiente (dos millones), Madrid Network (1,8), BBVA (1,8), Telefónica Internacional (1,8, a los que debe sumarse otros 839.000 euros de Telefónica SA) y Philip Morris (1,3). Destaca también que Abengoa SA desembolsó 1,3 millones; Abengoa Bioenergía, otros 1,1 millones; Abengoa Solar, 780.000 euros, y Abengoa Concessions, 190.000. Entre los clientes importantes, aparece la Caja Rural de Jaén, Red Eléctrica Española, la Confederación Empresarial de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Comunidad de Madrid (314.360 euros), la Xunta de Galicia (178.839), la Comunidad de Canarias (97.500) y el Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria Madrid (61.364), que depende del Ayuntamiento de Madrid.
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