La justicia boliviana ha iniciado el proceso penal contra los exprovinciales -líderes de provincias- españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix, por el presunto encubrimiento en uno de los procesos por pederastia contra el fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, también español.
El juicio comenzó en la ciudad central de Cochabamba, tras suspenderse en al menos dos oportunidades, la primera en enero porque los exprovinciales no pudieron asistir entonces a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años. El exjesuita Pedro Lima, portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), dijo a los medios en Cochabamba que «hoy es un día histórico porque se ha sentado en el banquillo de los acusados a los dos principales encubridores» en este caso, en el que hay 18 víctimas denunciantes. «Esperemos que la justicia siente un precedente y, como ha solicitado la Fiscalía en la imputación, se proceda al final del día o a la conclusión del proceso a determinar su culpabilidad y sean condenados por el delito de encubrimiento», manifestó Lima.
Un comunicado de prensa difundido por la CBS, que agrupa a víctimas de estos sucesos, precisa que para el proceso se presentaron «50 pruebas documentales diversas» y también hay «18 informes psicológicos», «más de 50 pruebas testificales» y «25 evidencias materiales múltiples», entre otros elementos.
Diario de un delitoLa Fiscalía imputó formalmente en marzo del año pasado a Recolons y Alaix por presunto encubrimiento en las investigaciones por el caso de Pedrajas, también conocido como caso ‘Pica’, por el apodo del jesuita fallecido en 2009.
Las denuncias por pederastia en Bolivia han estado en la mira luego de que el medio español El País publicara en 2023 una investigación sobre un diario de Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en el país suramericano desde 1971. A raíz de este caso comenzaron a salir a la luz otras acusaciones contra otros sacerdotes, algunos ya fallecidos, de abusos sexuales a menores.
Por esto, la Fiscalía boliviana inició investigaciones en varios departamentos del país por las denuncias de pederastia que involucran mayormente a sacerdotes católicos. A raíz de estas denuncias, el Gobierno boliviano envió en mayo de 2023 al Parlamento nacional un proyecto de ley para que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban, una norma que no prosperó entonces, pero que el Ejecutivo repuso en 2024 y que hasta el momento no ha sido tratada.
