La situación de la vivienda en España continúa siendo uno de los principales problemas a nivel social en la actualidad. Durante las últimas décadas, el precio del mercado inmobiliario ha sufrido un aumento constante del coste de compra en las principales ciudades del país. Esta situación ha generado numerosas dificultades para muchas familias que se ven obligadas a buscar un precio razonable para el alquiler o compra de domicilios.
Este problema se ha visto agravado por una seria de factores como la escasez de oferta en algunas zonas urbanas, el aumento de la demanda y el crecimiento de fondos de inversión que ponen su ojo en el sector inmobiliario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),el año pasado, cerca del 20% de los hogares vivía de alquiler, una cifra que ha aumentado un 18% respecto a años anteriores.
Ante este escenario crítico, el gobierno ha decidido tomar medidas para luchar contra la crisis de la vivienda. La nueva reforma de la Ley de Vivienda, conocida como la ley de alquileres, trae un gran cambio para aquellos que arriendan una casa o un piso. El aumento de los precios, tanto de compraventa como de alquiler, está dejando a muchos ciudadanos, especialmente a los jóvenes, fuera de este mercado.
El objetivo marcado es poder proporcionar a los inquilinos una mayor seguridad en un mercado que se está volviendo cada vez más inestable debido a unos precios desorbitados con subidas anuales. Para poder cumplirlo, se llevó a cabo una reforma que generó protestas por parte de algunos propietarios.
La nueva ley introduce el derecho de permanencia en la vivienda. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos de alquiler firmados a partir del 6 de marzo de 2019 se extienden automáticamente de forma obligatoria. Esta renovación forzosa se aplica cuando la duración inicial del contrato es inferior a cinco años si el arrendador es una persona física, y se extiende hasta los siete años de contrato si es una persona jurídica.
Si los inquilinos cumplen con sus obligaciones de pago y las condiciones establecidas en el contrato, tienen el derecho de seguir viviendo en la propiedad hasta que se complete el periodo legalmente definido, entre cinco o siete años, independientemente de si el propietario desea renovar o no el acuerdo. A lo largo de este plazo, el arrendatario no podrá dar por finalizado el alquiler.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sostiene que «esta normativa asegura estabilidad y detiene la constante rotación de viviendas en alquiler». No obstante, las asociaciones de propietarios consideran que esta medida limita su capacidad para disponer libremente de sus inmuebles, ya que ven bloqueadas opciones como la venta o el aumento del precio del alquiler. Además, temen que muchos propietarios opten por la modalidad del alquiler a corto plazo como alternativa.
