La Audiencia de Málaga ha estimado el recurso presentado por varios vecinos de una urbanización de Marbella contra el sobreseimiento de una denuncia contra el exalcalde de Mijas Ángel Nozal por el Partido Popular y ha pedido a la jueza instructora que motive las razones que la han llevado a archivar las actuaciones.
La Sala Tercera del órgano jurisdiccional ha acordado, en una resolución a la que ha tenido acceso EFE, devolver la causa al juzgado del que procedía -el de Instrucción número 4 de Marbella- para que la magistrada fundamente los motivos de su decisión.
A la vista del contenido de las actuaciones realizadas, al tribunal provincial le resulta “imposible” determinar si en la denuncia que atañe al exregidor mijeño “existen motivos, suficientes o no, que permitan confirmar la resolución recurrida” por los denunciantes y por tanto, valorar si el sobreseimiento provisional procede conforme a derecho, reza el auto, fechado en abril.
Para los magistrados de la Audiencia Provincial, la resolución de la titular del juzgado marbellí competente en esta causa supone “la falta de cumplimiento de la obligación de motivación” que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución española.
La jueza, que acordó poner fin a las actuaciones mediante auto fechado en Marbella el 16 de octubre de 2024, afirmaba en el mismo que no encontraba “suficientemente justificada la perpetración del delito que había dado lugar a la formación de la causa”.
Sin embargo, matiza la Audiencia Provincial, lo hacía “sin expresar en la resolución dictada los motivos, razones o fundamentos” que la han llevado a alcanzar tal conclusión y a adoptar la decisión de sobreseer las actuaciones.
Contraviene el principio de tutela efectivaSegún la resolución, el auto de Beatriz Fernández Gómez-Escolar contraviene la proscripción de indefensión y el principio de tutela judicial efectiva, de manera que los denunciantes no pueden ejercer libremente su derecho a defenderse y conculca su derecho a recibir una contestación satisfactoria a las cuestiones planteadas.
La denuncia que originó la apertura de la causa, que deriva del alquiler de un cajero ubicado en suelo de la urbanización, fue interpuesta en octubre de 2022 por un grupo de vecinos de la comunidad de propietarios de Cabopino, donde la familia de la exconcursante de Gran Hermano y presentadora de televisión Aida Nízar tiene varias propiedades.
Según la denuncia, el nombre de Nozal aparece en el contrato de alquiler de una zona común de Cabopino como el del representante de la comunidad, cuando su actividad profesional estaba centrada en el Ayuntamiento de Mijas.
Aunque el exalcalde está en el contrato, en ese momento Nozal ya no era el administrador, lo era su pareja, Michelle van Gaalen, que se hizo cargo de la empresa de administración de fincas (Servicios Alcantarina), en la que ambos trabajaban y que también ha estado investigada por un presunto delito contra el patrimonio en esa comunidad.
Los denunciantes ponían el acento en que las cantidades consignadas en contabilidad como ingresos en concepto del referido alquiler no coincidían con las acordadas en el contrato y que desconocían la titularidad de la cuenta de pago indicada en el documento.
