Un camarero pone una mesa en la ciudad de Londres, Reino Unido.
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LONDRES – Los empleados británicos obtendrán una serie de beneficios laborales en virtud de la legislación emblemática presentada por el nuevo gobierno laborista el jueves, incluidos derechos más estrictos a la paga por enfermedad y el derecho a tomar la licencia de paternidad desde el primer día de trabajo.
Las medidas clave del proyecto de ley sobre derechos laborales incluyen la protección contra el despido improcedente desde el inicio de un nuevo puesto y la introducción de un período de prueba legal para todas las nuevas contrataciones. Además, prescribe conceder a muchos trabajadores con contratos de cero horas el derecho a un contrato con horas garantizadas, así como exigir a las empresas que hagan del trabajo flexible la opción predeterminada, cuando sea posible.
Los trabajadores también tendrán derecho a tomar una licencia parental o por duelo no remunerada desde el primer día de trabajo y a reclamar el día de enfermedad legal desde el primer día en que no se encuentren bien, en lugar del cuarto. Las mujeres embarazadas y las nuevas madres obtendrán mayores protecciones contra el despido.
El gobierno dijo que también «cerraría las lagunas jurídicas que permiten que continúe el acoso, la recontratación, el despido y el reemplazo». «Despedir y recontratar» se refiere a la práctica de despedir a un empleado y volver a contratarlo en nuevas condiciones.
Los detalles del proyecto de ley fueron publicados por la oficina del primer ministro Keir Starmer el jueves y están pendientes de debate y aprobación en el parlamento del Reino Unido. Es una de las primeras leyes importantes que introducirá el gobierno laborista, que asumió el poder en julio. Starmer y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, también se están preparando para entregar su primer presupuesto a finales de mes.
Un ‘paso adelante’
Sharon Graham, secretaria general del mayor sindicato del Reino Unido, Unite, calificó los cambios como un «paso adelante», y elogió el fin de los llamados «niveles mínimos de servicio», que obligan a algunos trabajadores clave a proporcionar un nivel mínimo de servicio durante la huelga.
Sin embargo, Graham dijo que el proyecto de ley no prohibiría por completo las prácticas de «despedir y contratar» y los contratos de cero horas, que, según ella, los «empleadores hostiles» seguirían utilizando.
«El proyecto de ley tampoco otorga a los trabajadores el tipo de derechos significativos para acceder a un sindicato para negociar salarios que pondría más dinero en sus bolsillos y, a su vez, ayudaría al crecimiento», añadió Graham.
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Mientras tanto, la Federación de Pequeñas Empresas, un grupo comercial, argumentó que los empleadores se verían «luchando» por dar sentido a los cambios y aumentarían los riesgos que asumen con el nuevo personal, lo que afectaría la contratación, el crecimiento y la inversión.
«Las pequeñas empresas son las que tienen más probabilidades de brindar oportunidades a las personas más alejadas del mercado laboral, como aquellas que regresan después de problemas de salud a largo plazo o responsabilidades de cuidados. Esta legislación corre el riesgo de disuadir a los pequeños empleadores de arriesgarse con alguien que ha tenido una importante período fuera del lugar de trabajo, cerrando esas puertas y profundizando la exclusión social», dijo en un comunicado Tina McKenzie, presidenta de políticas del FSB.
