El IV Congreso Nacional de Vivienda de las patronales inmobiliarias de España (APCE), que Málaga acoge desde este lunes, ha arrancado con un llamamiento de empresarios y administraciones a alcanzar un «pacto de Estado» en esta materia que permita incrementar la actual oferta y paliar las enormes dificultades de acceso que sufre buena parte de la población por los altos precios. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en concreto, ha querido ir un poco más allá y ha demandado durante la inauguración una «alianza de país» que cuente con «la empatía y la complicidad social» para atenuar un problema que, afirma, aunque es global y no sólo de España, afecta ya a todas las capas sociales, no únicamente a los jóvenes a o las personas con menos recursos económicos.
Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará en el primer semestre de 2025 la nueva Ley andaluza de Vivienda, al tiempo que ha ofrecido diálogo al Ejecutivo nacional para buscar soluciones a los problemas de vivienda que existen actualmente en el país. «Las administraciones somos ahora mismo más un problema que una solución», ha reconocido Moreno en relación a cuestiones como la escasez de suelo y la lentitud burocrática.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. / Alex Zea
El congreso de APCE reúne a casi un millar de profesionales del sector, entre los que se encuentran los CEOs de las principales promotoras del país, constructoras, fondos de inversión, entidades bancarias, y representantes políticos e institucionales asistirán a estas jornadas. APCE España, presidida por Juan Antonio Gómez Pintado, representa al 95% del sector inmobiliario gracias a más de una veintena de asociaciones que, a su vez, dan cabida a más de 3.000 empresas.
Más vivienda pública para converger con EuropaLa ministra se ha marcado como objetivo acercarse a la convergencia europea de un 9% en un parque de vivienda público y asequible, aunque con la ambición llegar al 20% de los países donde más se ha desarrollado este tipo de políticas y, por tanto, «donde menor o más bajo es ahora el problema». Rodríguez ha recordado que para el 50% de la población de los países de la OCDE la vivienda es «su principal preocupación, su principal problema».
«El drama hoy es que maestros y maestras que educan a nuestros hijos, tienen que compartir piso en grandes ciudades, porque el alquiler se come el 80, el 70 o el 75% de su salario. Que los enfermeros y las enfermeras que nos cuidan con su salario en grandes ciudades no tienen para alquilar una vivienda. Y eso, al final, nos afecta a todos como ciudadanos y ciudadanas españoles», ha apuntado. También se ha referido a factores como proliferación de las viviendas turísticas o la llegada de universidades privadas como elementos que contribuyen al tensionamiento de precios en el mercado inmobiliario.
Rodríguez ha señalado que el objetivo de todos debe de ser que los ciudadanos pueden acceder a una vivienda digna destinando como máximo el 30% de su renta. «Nuestro compromiso es con el artículo 47 de la Constitución y con la sociedad», ha comentado. Además, ha recorado que, aunque España ha invertido mucho en el pasdo en vivienda pública (se han hecho 2,5 millones y medio de viviendas protegidas en las últimas década) eso no ha logrado solucionar los problemas.
La ministra ha destacado, en este sentido, la reciente puesta en marcha de diferentes programas de ayudas e inversiones para fomentar la construcción y rehabilitación del parque de vivienda público y privado en España y también en la agilización administrativa “que tanto se ha demandado”. Entre ellos ha citado la modificación de la Orden ECO que incorpora las licencias básicas o abreviadas; la puesta en marcha de la línea de préstamos y avales por parte del ICO para promotores públicos y privados, que suman un total de 6.000 millones de euros de presupuesto. «Ya son más de 57 proyectos los que el ICO está estudiando, por valor de 1.400 millones de euros y que facilitarían la construcción de casi 17.000 viviendas”, ha afirmado.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su intervención en el congreso de APCE en Málaga. / Alex Zea
El Gobierno, ha comentado Rodríguez, está impulsando iniciativas de financiación para las empresas promotoras y entidades públicas de promoción de vivienda, a la que ha destinado 5.000 millones de euros de fondos europeos
«¿Estamos haciendo cosas? Sí ¿Es suficiente? No. Hacemos muchas cosas, pero se requiere más. Seguiremos haciéndolas. Hemos trabajado en la agilización administrativa, por ejemplo, en esa orden eco del Ministerio de Economía para incorporar las licencias básicas o abreviadas en el proceso de agilización de las mismas», ha señalado la ministra, que ha agradecido la «colaboración» del sector. Además, ha reclamado apoyo parlamentario para la Ley del Suelo un texto que ha calificado como «magnífico» para ser aprobado y «servir al sector y a la causa que nos une».
Actuaciones en Málaga para más de 4.800 viviendasEl Gobierno de España, según ha explicado el Ministerio, ha transferido desde el año 2018 un total de 140,8 millones de euros para construir y rehabilitar un total de 4.878 viviendas en la provincia de Málaga (de ellas, 3.084 son de nueva construcción). De las más de 4.800 viviendas mencionadas, 3.700 se encuentran en la capital (2.889 de nueva construcción) a través de una inversión total de 81,3 millones. Entre las viviendas de nueva construcción, el Minsterio resalta la inversión realizada por la empresa pública del suelo SEPES , entidad adscrita al Ministerio, en el barrio de Buenavista para impulsar 1.400 viviendas asequibles y que el pasado mes de julio registró en el Ayuntamiento de Málaga el proyecto de urbanización, gracias a una inversión de casi 34 millones de euros.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez Pintado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / Alex Zea
En lo referente a Andalucía, el Gobierno de España ha alcanzado acuerdos para transferir más de 1.208,47 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda. Entre ellas, destacan la transferencia de más de 493,8 millones del Plan de Recuperación, de 68,4 millones para el Bono Alquiler Joven, de 172,96 millones del Programa PIREP o más de 120 millones a través del Programa 2% Cultural; además del compromiso de más de 493,5 millones a través de los Planes Estatales de Vivienda 18-21 y 22-25. Con estas inversiones, entre otros, se ha impulsado la construcción de 11.292 viviendas y la rehabilitación de otras 30.574.
Los promotores y constructores reclaman un pacto de EstadoEl acto de inauguración del congreso de APCE lo ha iniciado el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Juan Manuel Rosillo, quien ha incidido en la importancia de dar una vivienda con un precio asequible en ciudades que se encuentran ante un gran problema para la habitabilidad de las familias. Por su parte, el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, ha pedido a los responsables de las administraciones para que alivien el problemas de la escasez de viviendas.
«La ausencia de suelos y los excesivos precios son uno de los retos principales y que afecta directamente a las familias españolas», ha señalado Peinado, que ha reclamado un pacto por la vivienda y nuevas partidas para el sector e indagar en nuevas políticas fiscales.
La foto de familia de la inauguración del congreso nacional de APCE en Málaga con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el rpresidente andaluz, Juanma Moreno. / Alex Zea
El presidente de APC España, Juan Antonio Gómez-Pintado, se ha sumado a la petición de un nuevo pacto de Estado para dar solución a la falta de vivienda, subrayando que la solución de estos problemas debe pasar por nuevos esfuerzos que permitan un desarrollo «más asequible, más ágil y con más oferta». Ha hecho también especial hincapié en la importancia de la Inteligencia Artificial que, asegura, «no es ya el futuro, si no el presente».
